Otro drama que desnuda los contrastes de Chile

Carlos Vergara

Diciembre de 2010

 

Empinado en las encuestas desde el feliz rescate de los 33 mineros a mediados de octubre, el presidente chileno, Sebastián Piñera, volvió a tierra la semana pasada con una decepcionante encuesta de Adimark que reflejó una caída de 13 puntos en su popularidad. Así, perdió casi todo lo que había ganado con esa gran gesta humana y tecnológica que lo puso en las portadas de los diarios de todo el mundo.

Su gran acierto, reconocido por todos, fue haber sido rápido y seguro a la hora de tomar la decisión de involucrarse en el rescate, a sabiendas de que podría terminar cargando con la responsabilidad de más de una treintena de muertes por irresponsabilidades que no le competían.

Lo de los mineros fue la mejor demostración de sus promesas de campaña, con una actuación en el terreno sin descanso. Le permitió también marcar distancias con la pasmosa pasividad de la Concertación en episodios de emergencia, como la lentitud de reacción de su antecesora Michelle Bachelet tras el sismo de febrero, la misma que hasta el día de hoy es fuertemente cuestionada por el oficialismo.

Esta vez, sin embargo, Piñera y los suyos no tuvieron una reacción feliz. El brutal hacinamiento en las cárceles chilenas -con un promedio del 70%-, con una población penal que aumentó peligrosamente año tras año, no es su responsabilidad. Eso está claro. Pero la prometida reforma carcelaria tampoco ha sido prioridad del actual gobierno, más preocupado por trámites y cuentas cortoplacistas.

El drama de los miles de chilenos sin casa a causa del devastador sismo y ahora el de los presos muestran nuevamente el lado B de un Chile que dista mucho del país decidido que, sin escatimar en gastos, consiguió sacar de las entrañas de la tierra a los 33 mineros.

La imagen que recorrió el mundo, la de Piñera mostrando el ya clásico papelito "Estamos bien en el refugio los 33", no se condice con las contrastantes realidades que viven hoy millones de chilenos postergados por las causas más diversas.

La reacción en materia de comunicaciones también volvió a fallar. Tal como a principios de año, cuando tras el sismo sus voceros se equivocaron en el número de muertos y desaparecidos, ayer Piñera volvió a trastabillar: anunció que hubo 83 muertos, cifra que debió ser rectificada sólo minutos más tarde.

El gobierno tampoco consiguió canalizar adecuadamente el número y nombre de los sobrevivientes, lo cual sí fue conseguido por parlamentarios de izquierda. Esto dejó como vocero de las escasas buenas noticias de ayer a un diputado comunista, principal adalid de los alegatos por los derechos humanos, en los cuales los presos siempre han sido un argumento potente.

Casi a modo de infeliz coincidencia, hoy se dará a conocer el informe del Instituto de Derechos Humanos, con un capítulo especial sobre el estado de la población penal en Chile, el cual ya se anticipaba devastador incluso antes de esto.

En términos históricos, la Concertación tampoco puede lavarse las manos. Unos siete muertos y dos heridos en esta misma cárcel, en 2000, también por un incendio; 26 muertos en la cárcel de Iquique, en 2001, por un siniestro producido después de un motín; nueve muertos por otro incendio en Concepción, en 2003. Las preguntas variaban, pero las respuestas fueron siempre las mismas: marcado hacinamiento, desastrosos o inexistentes programas de rehabilitación.

Con toda seguridad, la tragedia de la cárcel de San Miguel volverá a golpear en las encuestas a la administración de Piñera. Pero esta vez tiene una oportunidad única de apostar por un premio mayor y hacer la gran reforma que el país tanto espera, ampliando la cantidad de cárceles, esta vez privadas, con un modelo nuevo de construcción que incluya un plan de rehabilitación de reos, también manejado por privados.

Esta tarea, a diferencia del rescate minero, poco tiene de efectista. Por contrapartida, el potencial legado para Chile puede darle a Piñera la posibilidad de reclamar su lugar en la historia como un presidente reformista.